El Gobierno aprobó el texto del proyecto de la LES el 19 de marzo y en septiembre superó intacto su primer trámite parlamentario al esquivar las cinco enmiendas a la totalidad en el Pleno del Congreso con los votos de PSOE, PNV y CC.
El texto prevé un sistema mixto para decidir sobre el cierre de webs en el que intervendrán una comisión de Propiedad Intelectual (dependiente del Ministerio de Cultura) y la Audiencia Nacional, que será la encargada de llevar a cabo un proceso judicial 'ultrarrápido' en la vía contencioso-administrativa, y mediante el cual se podrá decretar el cierre de páginas web en tan sólo cuatro días.
Dicha Comisión será el órgano encargado de recibir las denuncias de entidades de gestión o de particulares que consideren que se están vulnerando sus derechos de autor.
Este órgano será el que estudie cada caso e inicie cada expediente administrativo correspondiente. Se encargará de advertir al propietario del sitio para que retire los contenidos que, según esta Comisión y basándose en la denuncia previa, vulneran derechos de propiedad intelectual.
Si el denunciado no hace caso, la Comisión acudirá a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que centralizará las denuncias en este ámbito. El juez tendrá, desde que reciba el expediente, un plazo de cuatro días para pronunciarse y ordenar o no el bloqueo de la página denunciada.
Una de las principales críticas a este proyecto normativo es la equiparación 'de facto' de los derechos de propiedad intelectual con el resto de derechos fundamentales, tal y como apuntó en su informe sobre la LES el Consejo Fiscal.
'Frenar la ley'.
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