Tabletas y smartphones además de compartir con nosotros algunos momentos de ocio, también se han convertido en herramientas de trabajo con los que manejar nuestra agenda compartida, revisar documentos o firmarlos, acceder a aplicaciones corporativas y, como no, revisar los mensajes de nuestra cuenta de correo. Son muchas las empresas e instituciones que, por mejorar la productividad de sus empleados y directivos, los dotan de este tipo de herramientas para que puedan trabajar con comodidad desde cualquier lugar, aprovechen los desplazamientos y no tengan que cargar con un ordenador portátil y, de hecho, no es raro ver a cargos públicos con tabletas como el iPad y smartphones como el iPhone.
En España, los miembros del Congreso de los Diputados recibieron al inicio de esta legislatura (que va a cumplir el primero de sus cuatro años) un “kit tecnológico” que, además de instalar en los domicilios de sus señorías una conexión ADSL pagada con fondos públicos, les entregaba un iPad y un iPhone para que fuesen “algo más prodctivos”. ¿El problema? Teniendo en cuenta la crisis que asola el país, el “kit tecnológico” quizás era algo ostentoso pero, conforme ha ido pasando el tiempo, se ha revelado aún más escandaloso puesto que alrededor del 15% de los Diputados ha extraviado su iPad, se lo han robado o lo han roto y, claro está, el Congreso ha tenido que volver a comprarles otro (con fondos públicos).
La noticia lleva todo el día circulando a través de Twitter y algunos medios de comunicación porque, en general, es un poco indignante que nuestros representantes públicos no cuiden un material que se les ha cedido para el ejercicio de sus funciones y se lo tomen como algo frívolo que pueden dejar o abandonar en cualquier parte. El Congreso, por su parte, va a informar a los Diputados que no restituirá los dispositivos extraviados y solamente se cubrirá una reparación, es decir, que si lo vuelven a romper tendrán que abonarlo de su propio bolsillo (aunque el sueldo también sale de los fondos públicos).
El problema, en mi opinión, es mucho más serio que enviar una carta a los Diputados con las nuevas normas porque, al fin y al cabo, estamos hablando de representantes públicos que deberían velar por el material que se les entrega y, en definitiva, velar porque el Estado gaste en cosas necesarias y no en lujos y caprichos. Además, estamos hablando de instrumentos y herramientas de trabajo y, la verdad, en pocas empresas se admitiría que el 15% de los empleados perdiese el ordenador portátil o se le averiase con “excesiva frecuencia”.
¿Acaso los Diputados se están quedando con sus iPads? Afirmar esto es hacer una acusación muy grave y, la verdad, creo que es falta de compromiso o dejadez la que lleva a este tipo de situaciones. El Congreso es el que paga la factura de estos dispositivos, por tanto, los usuarios no lo ven como algo suyo y no lo cuidan porque no les cuesta dinero. Seguramente, pagándolo de su bolsillo serían cuidadosos y evitarían caídas, sin embargo, al no ser suyo el ser humano tiende a relajarse. De hecho, el Ministro del Interior olvidó en un tren su iPad con “datos secretos” sobre la lucha anti-terrorista y tuvieron que movilizar a las unidades especiales de la policía para localizar el aparato.
¿Qué pasa con los iPads perdidos o robados? ¿Contenían datos sensibles? ¿Contaban con medidas de seguridad? En mi opinión, lo más seguro es que ni siquiera tuviesen un bloqueo por contraseña. Además de “regañar” a sus señorías, el Congreso debería desplegar medidas de seguridad en sus dispositivos móviles, de la misma forma que lo hacen muchas empresas, para poder controlar los dispositivos, bloquearlos o borrar sus datos en remoto, algo que evite que un dispositivo con información sensible termine en cualquier parte y, sobre todo, evite la picaresca española (solo que en vez de llevarse un bolígrafo o un paquete de folios del trabajo, estamos hablando de una tableta).
Justificar este hecho, y el consiguiente gasto extra, alegando que los Diputados viajan mucho (o que visitan muchos lugares públicos) es bastante penoso. Son cargos públicos y, por tanto, están obligados a velar por la eficiencia del gasto público y a custodiar adecuadamente documentos y, como no, el material que se les entrega. Si en apenas un año, son entre 30 y 50 (sobre esta cifra no hay nada fijo) los dispositivos extraviados y averiados, ¿cuántos dispositivos útiles se devolverán cuando termine la legislatura? Viendo el “exceso de gasto”, tengo la sensación que el número será cero porque quizás en año y medio, cuando todo esto se haya olvidado, se recurra a la obsolescencia y renueven todo el equipamiento.
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