Radio MARCA León, ¿ilegal?

Bajo el nombre de Radio Marca, una nueva emisora se ha incorporado al panorama radiofónico leonés. Podría tener otro nombre cualquiera, porque ni el diario Marca ni cualquier otra empresa o medio de comunicación tiene la concesión del dial que ocupa, el 100.6. Se trata, por lo tanto, de una emisora pirata que emite con la connivencia de la Junta de Castilla y León, responsable de la ordenación de las frecuencias. Esta emisora pertenece a una sociedad que responde al nombre de Comunielco, creada desde el entramado de Agelco, grupo empresarial que agrupa a 33 sociedades del sector de la construcción, bajo los auspicios personales de su presidente, Ignacio Tejera. El hecho de que algunos socios no apoyen esta ilegalidad no ha impedido que Ignacio Tejera lleve adelante un proyecto que puede terminar en los tribunales de justicia. Al frente de Comunielco se encuentra Marcial Manzano, una persona que ha alcanzado cierta notoriedad pública tras haber presidido los consejos de Administración del Club de Baloncesto León hace unos años y, con anterioridad, Caja España. Marcial Manzano ha reconocido a este periódico que la radio que preside está emitiendo de forma ilegal, si bien asegura que no es el responsable de este delito porque no tiene poderes ejecutivos en la sociedad, sino únicamente de representación social. En cualquier caso, la explotación de la emisora radicalizará el enfrentamiento que existe ya entre los socios de Agelco, algunos de los cuales consideran que la creación de este grupo empresarial no tenía como fin entrar en el mundo de los medios de comunicación. Las mismas fuentes consideran que la iniciativa responde fundamentalmente a intereses políticos y personales de Ignacio Tejera, algo que cuestiona su propio liderazgo al frente del entramado empresarial leonés. La ilegalidad de esta iniciativa, por otra parte, deslegitima a Ignacio Tejera como presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), una organización que, según sus estatutos, tiene como fin la representación y defensa de los intereses empresariales de sus asociados. Una defensa, como es obvio, que ha de partir de la más estricta legalidad y no apoyada en el fraude o la piratería.