Falla la transparencia en la actuación de las administraciones y los ciudadanos se ven obligados a exigir el derecho ante la Justicia. De resultas de las frecuentes advertencias desde el juzgado de la mala praxis de los organismos oficiales, la sociedad tiende a apreciar que el trapicheo se enseñorea de las dependencias oficiales. Y es que un mal ejemplo anula una actuación positiva de conjunto. En esta situación se encuentra la Diputación de Valladolid, a la que una sentencia del TSJ obliga a explicar la puntuación de una oposición realizada en el 2000 para cubrir 23 plazas de técnico de Educación Cultural. En el examen se actuó con irregularidad, y surge la duda de si lo ocurrido es incompetencia, grave en sí misma, o es un acto arbitrario donde se enmascaran otras cuestiones. La presencia entre los beneficiados de un primo del presidente de la Diputación afea un asunto que tiene que interesar aclarar a Ruiz Medrado, ya que la mala imagen no siempre es igual a ilegalidad. Los efectos de estos tejemanejes recaen en ciudadanos bienintencionados que o se quedaron sin puesto de trabajo o en esta tesitura tiene el obtenido en cuestión.
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